Quedan 20 días para que inicie la campaña presidencial por las elecciones de 2025, y por lo tanto, para que Daniel Noboa decida qué hacer frente a la norma constitucional que establece que un funcionario debe encargar su puesto para hacer campaña por la reelección.
En otras palabras, cada vez es menos el tiempo que tiene el Presidente para resolver el problema que le representa la sucesión de su Vicepresidenta y adversaria política, Verónica Abad.
La Segunda Mandataria está suspendida durante cinco meses por un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, por no llegar a la delegación que le hizo Noboa en Ankara, Turquía, antes del 9 de septiembre de 2024.
A propósito de aquello, Abad volvió a Ecuador, tras un año en el extranjero, y emprendió acciones legales para echar abajo la resolución de la cartera de Trabajo.
Son dos cartas que juega la Vicepresidenta para desatar ese nudo: una está en manos de la Corte Constitucional y otra de la jueza Nubia Vera. ¿Qué alternativas tiene en cada caso?
Ante la Corte Constitucional
Abad presentó dos acciones de protección. La primera fue por el inicio del sumario administrativo por parte del Ministerio de Trabajo, que fue rechazada por la jueza Gloria Mayorga, y apelada en la Corte Provincial de Pichincha, en un tribunal que llevó el caso a la Corte Constitucional, a propósito de la consulta de norma.
Esa es una facultad que tienen los jueces cuando consideran que una norma jurídica es contraria a la Constitución, en este caso el acuerdo ministerial bajo el cual se suspendió a la Vicepresidenta.
El pedido de aclaración fue remitido el 3 de diciembre de 2024 y sorteado al juez Enrique Herrería. La norma establece que la Corte Constitucional tiene un plazo de 45 días para declarar la constitucionalidad, es decir, 30 desde hoy, por el tiempo que ya ha transcurrido.
El abogado constitucionalista José Chalco recuerda que no es la primera vez que la Corte Constitucional se pronunciaría sobre el caso Abad. Ya lo hizo cuando la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, envió una acción de interpretación sobre cuatro artículos de la Carta Magna, relacionados con la sucesión Presidencial, los alcances de los ministros, y funciones de un Vicepresidente.
La Corte respondió que los artículos son claros en el contenido y alcance, por lo que no requieren interpretación. Por otro lado, la CC no dio paso a tres acciones de inconstitucionalidad por el Decreto en el que Noboa designa a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, en lugar de Abad. En todos los casos, la Corte determinó que el objeto de control escapa de su alcance.
En la Constitución consta que si la Corte no se pronuncia en el plazo establecido, en este caso hasta febrero de 2024, entonces la Corte Provincial deberá dictar un fallo. Noticia de Ecuavisa.com
