Informes satelitales obtenidos con asistencia internacional revelaron la presencia de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano.
En cadena de nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, señaló el lunes 14 de octubre que las Fuerzas Armadas ya empezaron el pasado viernes 11, las operaciones en esas plantaciones y que serían un golpe de $ 320 millones a las finanzas de los grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales.
Noboa mencionó que se estima que estas plantaciones ilegales se iniciaron hace aproximadamente tres años, basado en informes de expertos, indicó el primer mandatario.
Y añadió que se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal, cerca de la frontera, con alta contaminación de mercurio.
Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, indicó que existe un informe que se refiere a un monitoreo, entre enero y marzo del 2024, a través de sistemas informáticos de imágenes satelitales.
El exfuncionario acotó que esta situación evidenciaría que las plantaciones de hoja de coca de Colombia están traspasando el territorio.
Sostuvo que siempre ha habido plantaciones de hojas de coca silvestres a lo largo de los ríos Putumayo, San Miguel y Mataje por lo que las Fuerzas Armadas han estado continuamente patrullando y se ha ido encontrando no más de una o dos hectáreas.
Bravo considera que esas imágenes satelitales deben ser comprobadas en el lugar. Indicó que ha sido casi frecuente que los militares detecten dos hectáreas y media a lo largo de la línea de frontera, especialmente en islotes porque cuando sube la corriente del río no se sabe a qué país pertenece.
El analista indicó que en Colombia hay cerca de 240.000 hectáreas de hoja de coca. Se preguntó dónde está la ofensiva internacional para de alguna manera obligar a esa nación, Perú y Bolivia que las erradiquen y las cambien a plantaciones legales.
Para Bravo hay que aumentar la presencia castrense y del Estado, además de usar esos sistemas satelitales para combatirlas.
Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, señaló que hay que tomar en cuenta tres aspectos del tema: quién emite el informe, el contexto y cuál es la motivación del anuncio presidencial.
Acotó que la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) es la entidad que ha generado ese informe, que es la agencia con mayor presencia en Ecuador y con mayor financiamiento por parte de Estados Unidos en el país.
El contexto en el que se emite, puntualizó Córdova, es aquel que ya trazó el Gobierno de Estados Unidos con el de Ecuador, en la administración de Guillermo Lasso, sobre un plan para desarrollar un escalamiento y una regionalización de las habilidades y conocimientos técnicos, operativos y estratégicos del plan Colombia hacia el país.
Eso, indicó, consta en una normativa de Estados Unidos de 2023 sobre seguridad nacional y defensa. En esa ley, explicó, se contempla que se regionalizará ese plan aplicando las mismas tácticas adquiridas por las Fuerzas Armadas de Colombia.
Además, como Ecuador está en un contexto de conflicto armado interno es una fase de profundización de esa conflictividad que permite la mayor presencia militar de Estados Unidos, sobre todo en la frontera norte, y una de las razones con las que justificarán es el combate a los cultivos ilícitos de coca.
Córdova sostuvo que, en referencia al informe, se habrían identificado zonas de la frontera norte como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
Indicó que si hubiera comunidades de la frontera ecuatoriana que están empezando o ya se han introducido en el cultivo de coca es porque no hay mecanismos ni políticas para activar el agro y vías de desarrollo.
El problema, a su criterio, es que la visión norteamericana es que se relaciona cultivo de coca con narcotráfico y se aplica aspersiones con glifosato.
Para el analista, el meollo no está en la producción de la hoja sino en los cristalizaderos, es decir, en la industrialización de la hoja en cocaína, lo que no está siendo identificado.
Organismos de seguridad no han dado detalles del documento al que, según el medio internacional Infobae, tuvo acceso y menciona que entre enero y marzo del 2024 se evidenció la presencia de entre dos y 17 hectáreas de hoja de coca en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. (ElUniverso.com)
