ras más de siete horas de sesión, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, suspendió el debate del pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso para continuar este 26 de junio de 2022 a las 16:00.
La tarde de ayer, la sesión virtual se instaló con 135 asambleístas presentes. Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia representó al Primer Mandatario y defendió su permanencia en el puesto.
Aunque la sesión se desarrolló telemáticamente, en los exteriores de la Asamblea hubo manifestantes expectantes de la resolución del Parlamento, que tiene 72 horas, desde la culminación del debate para resolver la continuidad del Primer Mandatario.
A la par del desarrollo de la sesión, se conoció que Lasso derogó el decreto de estado de excepción en el que se reconocía que existía conmoción social por las manifestaciones. Ese documento sustentaba el pedido de destitución del Presidente que justamente hace referencia a una grave crisis política y conmoción interna.
La primera intervención fue la del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Informó de la reunión que mantuvo esta mañana con representantes del Gobierno y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Resaltó que exista predisposición al diálogo y dijo que la Asamblea Nacional está a la espera de la conformación de una comisión que tratará de resolver la crisis.
Fabián Pozo inició su defensa diciendo que la normalidad, tras el paro nacional, ha regresado, aunque la Conaie aclara que las medidas se mantienen.
A continuación, dijo que hay un “enemigo” del Ecuador, que busca volver al poder y “que infiltró y utilizó las causas legítimas de los pueblos y nacionalidades”.
Enfatizó que para destituir al Presidente, por vía de la causal de conmoción interna y grave crisis política, se necesita probar ambos escenarios y que “una carta de cinco párrafos” busca “desestabilizar la democracia”.
Tras esos lineamientos, Pozo centró su intervención en una especie de rendición de cuentas. Dio cifras de empleo, educación, economía, acceso a internet para defender la gestión del Jefe de Estado y demostrar que no existe incumplimiento de funciones.
Fabián Pozo criticó que la propuesta de UNES, de destituir al Presidente, no contiene argumentos que demuestren grave conmoción social y conmoción interna. “Los asambleístas solicitantes (…) no han señalado que el supuesto incumplimiento de promesas de campaña ha causado la grave crisis política”.
Tras la intervención de Pozo, el secretario de la Asamblea informó de la solicitud de la asambleísta Ana Belén Cordero (Creo) de un cambio del orden del día para incluir como primer punto conocer y resolver sobre la renuncia pública de asambleístas a su dignidad.
La legisladora oficialista hace referencia a las publicaciones de los parlamentarios de UNES, en las que ponen su cargo a disposición. Sin embargo, el presidente Virgilio Saquicela, no da paso y cita la ley que señala que el debate de la destitución del Presidente debe ser el único punto del orden del día.
A continuación, el presidente de la Asamblea suspende la sesión y se declaran en comisión general para recibir a ciudadanos de la sociedad civil que se pronuncian en el marco del pedido de destitución del presidente Lasso.
Tras las intervenciones de representantes de colectivos, la asambleísta Patricia Núñez (UNES), quien firmó la iniciativa para iniciar el proceso de muerte cruzada, inició el debate recordando a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza.
Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, dijo que no tienen compromisos con el Gobierno pero enfatizó que no respaldarán la destitución del Presidente.
La legisladora Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachakutik, que participó activamente durante las manifestaciones, dijo que el Gobierno inició una guerra civil y llamó “indolente” al Presidente. Rechazó que las manifestaciones sean financiadas por el narcotráfico, como ha sostenido el oficialismo.
Por parte del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, dijo que está en juego la institucionalidad, el orden público y el derecho de las personas que quieren trabajar.Ecuavisa.com
