A las 18:46 de este martes 7 de junio del 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ‘Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza’ con 104 votos y 19 abstenciones.
Con esta norma se busca normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza, por parte del Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad.
El debate del proyecto de Ley comenzó la semana pasada y se retomó hoy en una jornada en la que, desde el principio, hubo cuestionamientos por parte de los legisladores de Pachakutik, quienes no apoyaron los artículos que se refieren a la protesta social y pidieron que los eliminen.
A su juicio, en ese tema quedan abiertos ciertos temas a la discrecionalidad de la Policía Nacional. “No podemos confiar en que aquí se ponga excepcionalmente cuando ya sabemos que eso simplemente se convierta en la ventana para que luego se haga tabla raza de la norma”, indicó Salvador Quishpe.
Pero que dice la norma- por ejemplo -señala: “en ningún caso se emplearán las armas de fuego con munición letal o de impacto cibernético para dispersar reuniones violentas”.
Durante el debate intervinieron 43 asambleístas. El objetivo de PK era que se suprima de la propuesta los artículos (22, 23, 24 y 25) relacionados al despliegue de la Policía Nacional durante las protestas. No obstante, para el bloque oficialista, el proyecto era muy importante por la seguridad del país.
Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en donde se trató la norma, dijo que se analizaron 1 350 observaciones. La recomendaciones de última hora fueron analizadas durante la mañana de hoy, pero una moción previa no puede modificar los textos.
Para Juan Fernando Flores, el Proyecto de Ley sí fue debatido lo suficiente y la prioridad era entregarle hoy país una norma para afrontar la inseguridad. Salvador Quishpe y Ricardo Ulcuango insistieron que la propuesta sea regresada a la Comisión en donde fue tratada, para que se incluyan nuevos aportes en el texto final.
Otros legisladores hicieron observaciones encaminadas a mejorar y precisar el texto legal, sobre todo en lo que respecta a la protección del derecho a la protesta social pacífica. Por eso solicitaron se excluya del proyecto lo relacionado con el control de las manifestaciones.
Destacaron que se debe establecer políticas de Estado en materia de respeto de los derechos humanos para preparar a los efectivos policiales y militares en el uso progresivo de la fuerza, según como avanza el conflicto y el peligro que este represente para la vida de los propios elementos del orden y de terceros. Asimismo, consideraron fundamental mejorar las condiciones de vida de la población.
Otros legisladores aseguraron que la ley por sí sola no constituye una solución al problema de la delincuencia común y el crimen organizado. También se requiere que el Gobierno transfiera los recursos económicos para la Policía Nacional y así pueda cumplir su gestión de manera idónea, pues no se puede combatir la violencia sin las herramientas necesarias, más cuando los delincuentes tienen armamento cada vez más sofisticado.
Narváez aclaró que la norma no autoriza el uso de la fuerza para sofocar las manifestaciones pacíficas. Al contrario, garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta. Prohíbe el uso de armas letales en este tipo de operativos para salvaguardar la integridad de las personas.
En los próximos días, el proyecto será remitido a la Presidencia de la República para la correspondiente sanción u objeción, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley. Ecuavisa.com
