Fue en julio pasado cuando el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció un plan gubernamental que busca externalizar las farmacias de los hospitales públicos.
Es decir, que los pacientes atendidos en consulta externa de los sanatorios del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) e Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas (Issfa) retiren los medicamentos en farmacias privadas.
Según dijo Borrero en una entrevista en Teleamazonas, el propósito de este proyecto es disminuir los focos de corrupción en los procesos de compra de medicamentos.
Aunque inicialmente se anunció que el proyecto iba a comenzar a ejecutarse desde marzo, ahora la fecha tentativa para que arranque este plan es septiembre.
Las primeras acciones que ha tomado el Ejecutivo para concretar la externalización de las farmacias ha sido reformar el Reglamento de la Ley de Contratación Pública y convocar a farmacias particulares o agrupaciones farmacéuticas privadas para que se califiquen como proveedores.
Las farmacias interesadas deben presentar una serie de documentos ante el MSP.
El pasado 28 de marzo, en una publicación de diario El Universo, la Corporación GPF, que aglutina Fybeca y Sana Sana; y el Grupo Difare, que abarca Pharmacy’s, Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, mostraban su interés en este proyecto. Según el mismo medio, ambas cadenas poseen más de 3.000 boticas a nivel nacional.
Tanto la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (Alafar) como la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe) sostienen que no han participado en la elaboración del proyecto para externalizar las farmacias.
…Y eso los deja insatisfechos.
“Nunca hemos sido parte de este proyecto. Nunca hemos sido invitados a formar parte de este proyecto”, dijo a Ecuavisa.com Santiago Salguero, director ejecutivo de (Alafar), que agrupa a 15 corporaciones farmacéuticas nacionales y extranjeras que operan en el país.
“No estamos de acuerdo en que este tipo de iniciativas se lleve de la mano de un solo lado. Nosotros somos actores importantes y proveedores importantes de medicamentos aquí en el país”, acotó Salguero, quien asegura que desde Alafar se provee el 35 % de los fármacos distribuidos en el sistema de salud privado.
Iván Prieto, director de asuntos públicos de Alfe, un consorcio que agrupa a 15 laboratorios únicamente ecuatorianos, coincide con Salguero, sin embargo este último ejecutivo asegura que ellos ya trabajaban en un plan para externalizar las farmacias y pretendían que el Gobierno Nacional acoja sus recomendaciones y las implemente inicialmente en hospitales del IESS.
Por otra parte, Prieto indica que a ellos sí les interesa tener un rol más protagónico en este plan para externalizar las famacias.
Pero a la Alfe le preocupan dos aspectos: los precios referenciales que tienen los medicamentos y la forma en que se pagarán las facturas.
En la convocatoria promulgada el pasado 26 de marzo, el MSP dio a conocer la lista de 323 fármacos que deberían ser provistos en la red de boticas privadas.
Según el Decreto Ejecutivo, los médicos de la Red Pública Integral de Salud “recetarán los fármacos y bienes estratégicos en salud que consten en ese catálogo”.
La receta será emitida de manera electrónica y el paciente deberá “retirar el 100 % de los fármacos y bienes estratégicos en salud” en las farmacias privadas.
Se especifica también que cada uno de los hospitales deberán cancelar esas facturas de manera independiente “de acuerdo con los términos establecidos en cada convenio de adhesión”.
