Desde el Palacio de Carondelet se confirmó, la tarde de este martes 29 de marzo del 2022, la renuncia de Alexandra Vela como ministra de Gobierno. Ocupó ese cargo desde el 14 de julio del año pasado tras la suscripción del Decreto Ejecutivo número 117.
Ella reemplazó a César Monge, quien falleció por cáncer. El día de su posesión, el presidente Guillermo Lasso manifestó que Vela “será un gran canal de dialogo para diversos sectores sociales y políticos en el país” y “ayudará al fortalecimiento institucional de la Policía Nacional”.
Sin embargo, Vela duró ocho meses y medio en el cargo y se va con la desazón generalizada de la ciudadanía por los altos índices de inseguridad. Según datos del Ministerio de Gobierno publicados en su página web, los homicidios intencionales casi se han duplicado en los dos primeros meses del 2022 que fueron 619. En el mismo periodo del año pasado fueron 347.
A esto se suma la crisis de gobernabilidad que afronta el Régimen. Su último tropiezo fue la negación y archivo del proyecto de Ley de Inversiones el pasado 24 de marzo. Fuentes del Palacio de Gobierno confirmaron que el presidente Lasso anunciará en las próximas horas el reemplazo de Vela en la Cartera de Estado.
La última gestión de Vela al frente del Ministerio de Gobierno fue presentar una acción de inconstitucionalidad, la mañana de hoy, en la Corte Constitucional, en contra de la resolución de amnistías de la Asamblea Nacional, del pasado 10 de marzo de 2022 a 268 personas.
En el Gobierno no se ha confirmado quién será el reemplazo de Vela, pero algunos medios de comunicación han informado que será el asambleísta del oficialismo Francisco Jiménez.
A las 20:48, Vela publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que detalla las causas de su renuncia a esa Cartera de Estado y recordó que, en julio del año pasado, el Primer Mandatario la llamó proponiéndole unirse a su equipo de trabajo. “Dudé sobre mi disposición para renunciar a acompañar a mi hermano, cuya enfermedad lo hacía muy vulnerable y someterlo a los avatares que lleva consigo el servicio público”.
Desde el inicio de su gestión, ella reconoció a las pocas semanas que la Asamblea iba a ser un obstáculo y amenaza para la democracia, el régimen republicano y el Ecuador. A su criterio, el diseño constitucional las disposiciones de la ley de elecciones, la conducta de la mayoría de los legisladores impiden el progreso del país y la consolidación de su frágil democracia.Ecuavisa.com
