Tres agentes civiles de tránsito (ACT) y un funcionario de la Empresa de Movilidad del Norte (Movildenor) que aún permanecían en poder de la comunidad de Chuchuquí Alto, fueron entregados a las autoridades de Imbabura, la noche de este lunes 7.
Ellos, junto a otras dos personas, estaban retenidos por comuneros desde el pasado jueves. Ese día, tras un operativo realizado por los ACT, un conductor que transportaba a una mujer fue sancionado y su auto retenido. Esto alteró los ánimos en la comunidad, que salió en busca de los uniformados.
Una vez que identificaron la grúa que movilizaba el vehículo aprehendido, los ocupantes fueron agredidos y llevados a la fuerza a Chuchuquí Alto, donde permanecieron cuatro días custodiados por guardias comunales.
La tarde del último viernes, Gabriela Carrillo, agente de tránsito y la única mujer del grupo, fue sometida a la denominada justicia indígena y también quedó en libertad.
El último domingo, Javier Velasco, jefe operativo del Distrito Sur de Otavalo, fue liberado luego de dar positivo para COVID-19.
Ante la fallida reunión pública, los comuneros de varios sectores rurales de este cantón decidieron realizar una marcha desde este sitio hasta el Municipio de Otavalo, con la finalidad de dialogar con el alcalde Mario Conejo sobre el tema Movildenor.
La lluvia no fue un obstáculo para que más de 800 indígenas arriben hasta el pretil municipal, donde pidieron la salida de Movildenor de sus territorios. Manuel Catucuago, presidente de la Federación Indígena y Campesino de Imbabura (FICI), lamentó que las comunidades hayan tenido que movilizarse hasta la Municipalidad.
Horas después, decidieron liberar a los cuatro empleados de Movildenor, con la presencia de un juez y cinco concejales de ese cantón.
Manuel Catucuago, presidente de la Federación de la Comunidades Indígenas de Imbabura (FICI), reiteró que no quieren la presencia de Movildenor en sus territorios y anunció otras acciones radicales en caso de que no se cumpla este pedido.
Los dirigentes comunitarios acordaron con los cinco ediles presentes pedir al cabildo que Otavalo salga de la mancomunidad, propuesta que será presentada este martes para que conste en el orden del día de la próxima reunión de concejo.
“Si la propuesta no es aceptada o no hay agilidad en el proceso iniciaremos varias acciones de presión social”, agregó el dirigente de la FICI. Antes de oficializar la entrega se les consultó públicamente a los empleados, que estaban enlistados frente a los comuneros, sí fueron maltratados, respondiendo uno a uno que no.
Catucuago reiteró que los funcionaros no estuvieron secuestrados, sino resguardados. Los agentes y el funcionario fueron invitados a firmar un documento para evitar cualquier tipo de demanda legal.
Actuaron como testigos el juez de la Niñez y Adolescencia, Luis Serrano y los ediles Jacinto Robalino, Lourdes Altalima, José Quimbo, Aida Marcillo y Paolina Vercoutere.
Después de las 18:00, fueron entregados a la Policía Nacional: Vinicio Ramírez, Oscar Sevillano, Andrés Padilla y Steven Amores, quienes con su rúbrica se comprometieron a no seguir ninguna demanda legal, siendo trasladados en una ambulancia para efectuarles una valoración médica en una casa de salud.
Horas antes, Mario Cornejo, alcalde de Otavalo, anunció a título personal sin previa consulta al Concejo municipal o convocar a un plebiscito ciudadano que este cantón lo abandonará Movildenor.
Para la concejala Paolina Vercoutere, una probable salida de Movildenor debe ser consultada al cabildo, exigir informes económicos sobre la empresa pública, y tener claro cómo recuperarán la competencia de tránsito o quién la asumirá a futuro.
Su colega Aida Marcillo sostiene que una posible desvinculación debe ser elevada a consulta a nivel nacional. Las dos autoridades concuerdan que tras la pandemia las normas y sanciones en la ley de tránsito debieron ser sensibles ante la crisis que vive la población. (Eluniverso.com)
