El Abogado Marcos Martínez, defensor de los moradores cercanos al relleno sanitario San Alfonso en la ciudad de Ibarra, recordó que presentaron las medidas cautelares en las que pedían que inmediatamente dejen de llegar desechos peligrosos hospitalarios, torundas, incluidos los del Covid 19 al botadero de basura, que se ciérrela la piscina de lixiviados para evitar que allí se boten desechos.
La acción de protección era decirle a la señora jueza de la Corte que aquí hay una vulneración de derechos a la salud, a la integridad física y el derecho a la naturaleza, pero ella confundió las cosas y rechaza la acción de protección y la medida cautelar, pero eso lo vamos apelar, expresó.
Manifestó Martínez que era urgente estas medidas cautelares porque incluso hay la probabilidad de que dos humildes trabajadores municipales hayan muerto víctimas del Covid 19 en este botadero de basura, e incluso el Ministerio del Ambiente determinó que no se había validado, que se les haya concedido un tipo de especial protección especial a los trabajadores.
“El relleno sanitario es un punto de contaminación para la provincia de Imbabura, son 10 años de administración municipal que se han hecho oídos sordos frente a este tema clamoroso. El Municipio de Ibarra ni el VIRSAP tienen licencia ambiental diferenciada para recolectar, transportar, dar tratamiento y disposición final a estos desechos, por lo tanto, hay una contaminación ambiental”, aseveró Martínez. Expectativa.ec
